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Jóvenes ven ley de caducidad como un hecho lejano y de poco interés
Generación 86. Saben poco de qué se trata y cómo fue su gestación
¿Te interesa esta noticia?    PILAR BESADA
En 1986, cuando el Parlamento votó la Ley de Caducidad, nacía una generación que aún hoy, un cuarto de siglo después, convive con los ecos de esa polémica norma sin saber muy bien de qué se trata ni cómo se gestó.
A esa generación, hoy jóvenes de entre 24 y 25 años, le tocó ratificar la ley de Caducidad en las urnas en 2009, como a la de sus padres le correspondió hacerlo por primera vez en el referéndum de 1989.
Pero a diferencia de sus mayores, que vivieron el fin de la dictadura (1973-1985) y el proceso de recuperación democrática, estos jóvenes ven la ley de Caducidad como una cosa lejana en el tiempo que no los involucra demasiado. Algunos saben de qué se trata, otros tienen ideas vagas o equivocadas. Algunos opinan que la ley es mala y otros creen que fue la mejor solución para el momento. Lo que sigue son testimonios recogidos por El País entre representantes de esa generación que nació junto a la Ley de Caducidad.
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Justo Fernández, 25 años, Malvín Alto. Cursó hasta 4° año de liceo y trabaja instalando cercas eléctricas.
"Creo que -la ley de Caducidad- se creó más que nada por los delitos de la dictadura, más que nada por parte de militares. Creo que se da poca información en los medios públicos. Se habla de anularla o no, o de modificarla, pero nunca se dice qué es la ley. Se ha planteado varias veces el tema, como cuando se juntaron firmas, cuando se hizo el plebiscito para anularla y ahora vuelve el tema. El tema está muy presente y hay poca información".
Igual arriesga una opinión: "Justa no es. Porque son crímenes que mal que bien tienen que pagarse de alguna manera. Ahora si está bien o mal, es muy relativo. Y después de tantos años ya no solo recae sobre las personas que cometieron los crímenes y las que fueron víctimas. Tiene más consecuencias".
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La ley de Caducidad se aprobó el 22 de diciembre de 1986, con el apoyo del Partido Colorado y algunos sectores del Partido Nacional, y la oposición del Frente Amplio. Eran tiempos en que los militares se negaban a ir a declarar ante la Justicia por denuncias de crímenes cometidos en dictadura.
El caso más notorio por esos años era el del teniente coronel José Nino Gavazzo, hoy preso en una cárcel especial para militares procesados por violaciones a los derechos humanos.
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Gabriel, 25 años, Punta Carretas. Estudió turismo y actualmente no trabaja.
"Es la ley que se aprobó cuando finalizó la dictadura, se aprobó la ley de caducidad y paralelamente la ley de amnistía. Una judicialmente amparaba a los militares para que no se pueda volver para atrás, y la otra lo mismo para la otra parte", dice Gabriel, que se muestra interesado en el debate que se está dando por estos días.
"Primero, porque es historia reciente del país, y segundo, porque anular una ley nunca es bueno, siempre todo lo que sea anular es malo, porque si uno anula quiere decir que no existió, si no existió nos olvidamos qué pasó y puede volver a pasar. Habría que derogarla pero no anularla. Y aparte que me preocupa muchísimo lo que pasó hace un par de días. Desconocer la opinión del pueblo e intentar pasar por arriba con el Poder Legislativo. También creo que es una tontería que el país siga perdiendo energía y ganas en esto habiendo tantas cosas por hacer".
Gabriel dice que la ley de Caducidad "es mala", pero la ubica en un momento del país muy especial.
"La ley es mala, pero hay que entender el contexto político y social en que fue hecha. También hay otra realidad cronológica: los militares que en su momento hicieron las atrocidades que hicieron, hoy en día tampoco ni siquiera pueden ir a una cárcel, sería un desgaste total, una prisión domiciliaria con suerte. Igual, pese a la ley se están juzgando a militares y están siendo castigados", sostiene.
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La ley de amnistía a la que hacía referencia Gabriel se aprobó en 1985, apenas asumido el primer gobierno democrático de Julio Sanguinetti. Amparó a los presos políticos, incluidos los ex guerrilleros del MLN-Tupameros por su participación en hechos de violencia desde el 1° de enero de 1962.
La ley de Caducidad, en cambio, surgió un año después, luego que los militares rechazaran una ley de amnistía que les presentó el gobierno colorado de la época.
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Fernando López, 26 años, Centro. Estudió hasta 5° de liceo, trabaja en la portería de un edificio.
"Sé que se trata del tema de los militares, de todo eso. No estoy muy enterado. Yo no soy partidario de que hagan justicia por una cosa que pasó hace tanto tiempo", dice Fernando.
Para él, este tema debería estar cerrado y los legisladores ocupados en otros asuntos. "Es injusta para los familiares de los desaparecidos, pero desde mi punto de vista, me parece que es algo que pasó hace mucho tiempo, y tendrían que dejarlo atrás y preocuparse por otras cosas".
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En noviembre de 1986, la Suprema Corte de Justicia determinó que las denuncias contra militares debían ser tratadas por la justicia ordinaria, y comenzó a citar a uniformados acusados.
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Mauro Vila, 25 años, jugador de fútbol de Defensor Sporting.
"No sé nada, porque, como buen deportista que soy, no le doy pelota ni a los políticos ni a ninguna ley que ellos aprueban o no aprueban. No tengo ni idea de nada", dice el delantero violeta, ex seleccionado juvenil.
Vila es un caso típico de desinterés por la ley de Caducidad:
"Nunca le presté atención. Si bien obviamente me han comentado de qué se trata, nunca le tocó a mi familia de lleno".
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El 22 de diciembre de 1986, el mismo día que el primero de los nueve militares citados debía presentarse ante el juez, fue aprobada la Ley de Caducidad.
El artículo 1° estableció que "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
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Rossina, 25 años, abogada. Trabaja en la Administración Nacional de Puertos.
Por su profesión, la tiene más clara que el promedio de su generación. "La ley extingue la pretensión punitiva del Estado, la potestad que tiene de juzgar. Se creó para que no se juzgue a los militares y a los policías que cometieron delitos durante la dictadura. Fue una especie de amnistía. Se hizo cuando volvió la democracia, por un tema de contexto histórico. Creo que era muy complicado y fue una forma de aportar a la tranquilidad".
De todos modos, el tema no le despierta interés y lo ve como algo lejano.
"Como no viví en la dictadura me siento totalmente ajena a esos temas. Personalmente no me siento atraída por esos temas y mi familia tampoco tuvo ningún problema durante la dictadura. No comparto la opinión de mucha gente que ahora, después de 20 y pico de años, trae de vuelta algo que supuestamente se había hecho para solucionar, para procurar la paz. Pero bueno, es un tema político obviamente. Ahora que los grupos que están interesados tienen mucho más poder, están tratando de cambiar la situación. Lo que no pudieron hacer antes lo tratan de hacer ahora".
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Gabriela Aramburu, 24 años, ciudad de Artigas. Estudia para educadora social y trabaja en Anda.
"Sé que tiene algo que ver con lo de la dictadura, pero no estoy muy por dentro de eso. En la votación pasada yo no lo voté porque como no sabía y no estaba muy segura, preferí no poner nada antes de votar algo que vaya contra lo que yo pienso. Tampoco me informé mucho, estaba más preocupada por los candidatos que estaban para presidente que por esta ley".
Gabriela tampoco ha seguido el tema después de la última elección, y cuando se le pregunta sobre el debate de estos días, responde: "No. ¿Se va a volver a hacer un plebiscito?".
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Jorge, 25 años, Sayago. Estudia un curso de instalaciones eléctricas y trabaja en una empresa de ascensores.
"La ley de Caducidad es la de los presos políticos, la de los dictadores, que la quieren anular para que vayan a prisión", dice Jorge. "Considero que hay temas más importantes para tratar que estos. Entiendo el dolor de las familias que están sufriendo por eso, pero hay cosas más importantes que involucran a todos, no solo a un sector".
Raúl Speroni tiene 25 y militar en el MPP. Afirmó que está "obviamente en contra de la ley de Caducidad en todos sus términos", aunque señaló que "en una opinión muy personal, tengo dudas de que mediante el método que se aplicó (la reciente votación de la ley interpretativa) estemos superando el tema como sociedad". Agregó que "la realidad es que el día que se estaba votando, la gente hablaba de la bandera de Peñarol, no de lo que estaba pasando" en el Parlamento.
Para Speroni, "lo importante es que la sociedad uruguaya supere el tema", y "en ese sentido, era necesario que esta ley desapareciera".
Speroni afirmó que su infancia "estuvo muy teñida por estas cosas", al ser hijo de militantes políticos. "Lo que yo quería era que toda la gente dijera: esto fue una cagada, desapareció gente, murieron un montón, el Estado se abusó de los ciudadanos de una manera asquerosa, y eso no puede volver a pasar. Entonces nos comprometemos entre todos a eliminar cualquier posibilidad de que vuelva a suceder. No sé si pasó eso el otro día (en el Parlamento)", indicó.
Federico González tiene 26 años y milita en el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. Opinó que la ley de Caducidad "fue la mejor salida que se pudo encontrar en el momento, para mí más pacífica de todas". En cuanto al debate actual, para González "es seguir revolviendo el pasado, alimentar odios y revolver cosas que creo que la gente quiere olvidar".
Matías Toja, de 25 años, es militante de la lista 40 del Partido Nacional. Cree que la ley de Caducidad "fue justa en un determinado tiempo, porque se necesitaba una amnistía para volver a la democracia".
En cuanto a la iniciativa del Frente Amplio de anular la ley por vía parlamentaria, Toja afirmó que ello "genera una preocupación a futuro, porque estamos hablando de las reglas del juego de la democracia. Va más allá de si la ley es inconstitucional o no".
En 1986, cuando el Parlamento votó la Ley de Caducidad, nacía una generación que aún hoy, un cuarto de siglo después, convive con los ecos de esa polémica norma sin saber muy bien de qué se trata ni cómo se gestó.
A esa generación, hoy jóvenes de entre 24 y 25 años, le tocó ratificar la ley de Caducidad en las urnas en 2009, como a la de sus padres le correspondió hacerlo por primera vez en el referéndum de 1989.
Pero a diferencia de sus mayores, que vivieron el fin de la dictadura (1973-1985) y el proceso de recuperación democrática, estos jóvenes ven la ley de Caducidad como una cosa lejana en el tiempo que no los involucra demasiado. Algunos saben de qué se trata, otros tienen ideas vagas o equivocadas. Algunos opinan que la ley es mala y otros creen que fue la mejor solución para el momento. Lo que sigue son testimonios recogidos por El País entre representantes de esa generación que nació junto a la Ley de Caducidad.
Justo Fernández, 25 años, Malvín Alto. Cursó hasta 4° año de liceo y trabaja instalando cercas eléctricas.
"Creo que -la ley de Caducidad- se creó más que nada por los delitos de la dictadura, más que nada por parte de militares. Creo que se da poca información en los medios públicos. Se habla de anularla o no, o de modificarla, pero nunca se dice qué es la ley. Se ha planteado varias veces el tema, como cuando se juntaron firmas, cuando se hizo el plebiscito para anularla y ahora vuelve el tema. El tema está muy presente y hay poca información".
Igual arriesga una opinión: "Justa no es. Porque son crímenes que mal que bien tienen que pagarse de alguna manera. Ahora si está bien o mal, es muy relativo. Y después de tantos años ya no solo recae sobre las personas que cometieron los crímenes y las que fueron víctimas. Tiene más consecuencias".
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La ley de Caducidad se aprobó el 22 de diciembre de 1986, con el apoyo del Partido Colorado y algunos sectores del Partido Nacional, y la oposición del Frente Amplio. Eran tiempos en que los militares se negaban a ir a declarar ante la Justicia por denuncias de crímenes cometidos en dictadura.
El caso más notorio por esos años era el del teniente coronel José Nino Gavazzo, hoy preso en una cárcel especial para militares procesados por violaciones a los derechos humanos.
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Gabriel, 25 años, Punta Carretas. Estudió turismo y actualmente no trabaja.
"Es la ley que se aprobó cuando finalizó la dictadura, se aprobó la ley de caducidad y paralelamente la ley de amnistía. Una judicialmente amparaba a los militares para que no se pueda volver para atrás, y la otra lo mismo para la otra parte", dice Gabriel, que se muestra interesado en el debate que se está dando por estos días.
"Primero, porque es historia reciente del país, y segundo, porque anular una ley nunca es bueno, siempre todo lo que sea anular es malo, porque si uno anula quiere decir que no existió, si no existió nos olvidamos qué pasó y puede volver a pasar. Habría que derogarla pero no anularla. Y aparte que me preocupa muchísimo lo que pasó hace un par de días. Desconocer la opinión del pueblo e intentar pasar por arriba con el Poder Legislativo. También creo que es una tontería que el país siga perdiendo energía y ganas en esto habiendo tantas cosas por hacer".
Gabriel dice que la ley de Caducidad "es mala", pero la ubica en un momento del país muy especial.
"La ley es mala, pero hay que entender el contexto político y social en que fue hecha. También hay otra realidad cronológica: los militares que en su momento hicieron las atrocidades que hicieron, hoy en día tampoco ni siquiera pueden ir a una cárcel, sería un desgaste total, una prisión domiciliaria con suerte. Igual, pese a la ley se están juzgando a militares y están siendo castigados", sostiene.
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La ley de amnistía a la que hacía referencia Gabriel se aprobó en 1985, apenas asumido el primer gobierno democrático de Julio Sanguinetti. Amparó a los presos políticos, incluidos los ex guerrilleros del MLN-Tupameros por su participación en hechos de violencia desde el 1° de enero de 1962.
La ley de Caducidad, en cambio, surgió un año después, luego que los militares rechazaran una ley de amnistía que les presentó el gobierno colorado de la época.
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Fernando López, 26 años, Centro. Estudió hasta 5° de liceo, trabaja en la portería de un edificio.
"Sé que se trata del tema de los militares, de todo eso. No estoy muy enterado. Yo no soy partidario de que hagan justicia por una cosa que pasó hace tanto tiempo", dice Fernando.
Para él, este tema debería estar cerrado y los legisladores ocupados en otros asuntos. "Es injusta para los familiares de los desaparecidos, pero desde mi punto de vista, me parece que es algo que pasó hace mucho tiempo, y tendrían que dejarlo atrás y preocuparse por otras cosas".
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En noviembre de 1986, la Suprema Corte de Justicia determinó que las denuncias contra militares debían ser tratadas por la justicia ordinaria, y comenzó a citar a uniformados acusados.
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Mauro Vila, 25 años, jugador de fútbol de Defensor Sporting.
"No sé nada, porque, como buen deportista que soy, no le doy pelota ni a los políticos ni a ninguna ley que ellos aprueban o no aprueban. No tengo ni idea de nada", dice el delantero violeta, ex seleccionado juvenil.
Vila es un caso típico de desinterés por la ley de Caducidad:
"Nunca le presté atención. Si bien obviamente me han comentado de qué se trata, nunca le tocó a mi familia de lleno".
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El 22 de diciembre de 1986, el mismo día que el primero de los nueve militares citados debía presentarse ante el juez, fue aprobada la Ley de Caducidad.
El artículo 1° estableció que "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
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Rossina, 25 años, abogada. Trabaja en la Administración Nacional de Puertos.
Por su profesión, la tiene más clara que el promedio de su generación. "La ley extingue la pretensión punitiva del Estado, la potestad que tiene de juzgar. Se creó para que no se juzgue a los militares y a los policías que cometieron delitos durante la dictadura. Fue una especie de amnistía. Se hizo cuando volvió la democracia, por un tema de contexto histórico. Creo que era muy complicado y fue una forma de aportar a la tranquilidad".
De todos modos, el tema no le despierta interés y lo ve como algo lejano.
"Como no viví en la dictadura me siento totalmente ajena a esos temas. Personalmente no me siento atraída por esos temas y mi familia tampoco tuvo ningún problema durante la dictadura. No comparto la opinión de mucha gente que ahora, después de 20 y pico de años, trae de vuelta algo que supuestamente se había hecho para solucionar, para procurar la paz. Pero bueno, es un tema político obviamente. Ahora que los grupos que están interesados tienen mucho más poder, están tratando de cambiar la situación. Lo que no pudieron hacer antes lo tratan de hacer ahora".
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Gabriela Aramburu, 24 años, ciudad de Artigas. Estudia para educadora social y trabaja en Anda.
"Sé que tiene algo que ver con lo de la dictadura, pero no estoy muy por dentro de eso. En la votación pasada yo no lo voté porque como no sabía y no estaba muy segura, preferí no poner nada antes de votar algo que vaya contra lo que yo pienso. Tampoco me informé mucho, estaba más preocupada por los candidatos que estaban para presidente que por esta ley".
Gabriela tampoco ha seguido el tema después de la última elección, y cuando se le pregunta sobre el debate de estos días, responde: "No. ¿Se va a volver a hacer un plebiscito?".
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Jorge, 25 años, Sayago. Estudia un curso de instalaciones eléctricas y trabaja en una empresa de ascensores.
"La ley de Caducidad es la de los presos políticos, la de los dictadores, que la quieren anular para que vayan a prisión", dice Jorge. "Considero que hay temas más importantes para tratar que estos. Entiendo el dolor de las familias que están sufriendo por eso, pero hay cosas más importantes que involucran a todos, no solo a un sector".
Disconformidad entre militantes políticos con la ley interpretativa
Los jóvenes con militancia política tienen mayor interés en cuanto a la ley de Caducidad que los apolíticos de su generación, y sus visiones son coherentes con las de sus partidos políticos. Sin embargo, los tres consultados de los principales partidos políticos manifestaron disconformidad con la ley interpretativa que se votó en el Senado.Raúl Speroni tiene 25 y militar en el MPP. Afirmó que está "obviamente en contra de la ley de Caducidad en todos sus términos", aunque señaló que "en una opinión muy personal, tengo dudas de que mediante el método que se aplicó (la reciente votación de la ley interpretativa) estemos superando el tema como sociedad". Agregó que "la realidad es que el día que se estaba votando, la gente hablaba de la bandera de Peñarol, no de lo que estaba pasando" en el Parlamento.
Para Speroni, "lo importante es que la sociedad uruguaya supere el tema", y "en ese sentido, era necesario que esta ley desapareciera".
Speroni afirmó que su infancia "estuvo muy teñida por estas cosas", al ser hijo de militantes políticos. "Lo que yo quería era que toda la gente dijera: esto fue una cagada, desapareció gente, murieron un montón, el Estado se abusó de los ciudadanos de una manera asquerosa, y eso no puede volver a pasar. Entonces nos comprometemos entre todos a eliminar cualquier posibilidad de que vuelva a suceder. No sé si pasó eso el otro día (en el Parlamento)", indicó.
Federico González tiene 26 años y milita en el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. Opinó que la ley de Caducidad "fue la mejor salida que se pudo encontrar en el momento, para mí más pacífica de todas". En cuanto al debate actual, para González "es seguir revolviendo el pasado, alimentar odios y revolver cosas que creo que la gente quiere olvidar".
Matías Toja, de 25 años, es militante de la lista 40 del Partido Nacional. Cree que la ley de Caducidad "fue justa en un determinado tiempo, porque se necesitaba una amnistía para volver a la democracia".
En cuanto a la iniciativa del Frente Amplio de anular la ley por vía parlamentaria, Toja afirmó que ello "genera una preocupación a futuro, porque estamos hablando de las reglas del juego de la democracia. Va más allá de si la ley es inconstitucional o no".
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